En defensa de la difamación

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Aprovechando estos días de vacaciones, estuve disfrutando de la serie de charlas del Mises Circle: “Strategies for Changing Minds to Liberty“. Una en particular, de Walter Block, revisa los capítulos y anuncia secuelas a su libro Defending the Undefendable (gratis para bajar en inglésportugués), donde defiende la despenalización de y explica por qué ciertas actividades de personas que son marginadas por la sociedad no tienen por qué ser sancionadas, como la prostituta, el drogadicto, el especulador, el chantajista, el empleador de niños y otros “indefendibles”. Muchos de estos supuestos crímenes se tratan de meros “delitos sin víctimas”, es decir, acciones que no dañan a ningún individuo en concreto sino que sólo infringen una ley o norma establecida, algo que los libertarianos consideramos una perversión de la justicia, dando cabida a censuras y prohibiciones ridículas.

Uno de estos falsos crímenes que Block trata en el capítulo 7 me hizo recordar de un suceso durante un seminario de organizaciones políticas juveniles. En una discusión, un miembro del partido socialista País Solidario me había dicho que, como un periódico asunceno había publicado algo que supuestamente había ocasionado daños a “su” reputación, él tenía “el derecho” -y lo dijo explícitamente- a ir a quemar las instalaciones del mencionado diario. Por supuesto, ese tipo de razonamientos sólo encuentra lugar en mentes totalitarias o atrofiadas por filosofîas irracionales, pero vale la pena examinar por qué es incorrecto, ya que en menor grado se acepta generalmente que el libelo y la difamación no forma parte de la libertad de expresión.

Hay algunas diferencias, pero consideraré ambos casos en este artículo como difamación, que a fin de cuentas se basan en el mismo supuesto agravio. El razonamiento subsistente en los derechos de retribución son de la forma siguiente: una acción de una persona A daña el bien de otra persona B, la cual da derecho a B a obtener compensación de A. Esto, a primera vista, parece la norma razonable – si alguien rompe el faro de mi auto con un palo, tengo el derecho a exigir que ese alguien pague la reparación. Aquí el bien dañado por el agresor es una propiedad tangible mía, el auto. Pero en el caso de la difamación, ¿cuál es el bien dañado? Se dice que es el “honor” de B, pero ¿qué es?  y ¿puede constituir un bien apropiable?

Si examinamos de cerca, veremos que no. La “honorabilidad”, la “estima”, “buena fama” o “reputación” son todas ideas o representaciones mentales que otras personas tienen de alguien. No reside en nosotros ni en un metafísico depósito social de honorabilidades colectivas, sino en el cerebro de los otros. Podemos pensar o decir todo lo que queramos de nosotros mismos, pero “nuestra” honorabilidad no la hacemos nosotros; es una opinión en base a lo que decimos o hacemos, o lo que se dice que hacemos o decimos. Es decir, es un objeto externo a nosotros.  Sí, un auto también lo es, pero a diferencia del auto, un recurso finito que podemos poseer y excluir a otros de su uso, no hay forma de poseer las mentes de los demás o prohibir que alguien fabrique su propia idea de nosotros. Por lo tanto, la honorabilidad no puede ser considerada como propiedad privada.

Ciertamente la difamación desencadena un proceso que nos afecta (si es que la gente cree lo que se dice), pero paradójicamente esa reputación dañada no la poseemos, y no podemos exigir compensación sobre algo que no es nuestro. Porque si alguien dice algo deshonroso sobre mí, donde se produce el “daño” es en la mente de cada individuo que percibe -y acepta- esa información, un ámbito sobre el cual es absurdo reclamar jurisdicción. Y donde nos afecta, en la práctica, es en nuestra relación con los demás – por ejemplo, la gente puede dejar de comerciar o contratar nuestros servicios si se entera de algo sobre mí que les parece deshonroso. Me perjudica, sí, pero eso es una consecuencia del uso de una atribución exclusiva de esas personas, no mía, nada menos que de la libertad de asociación; nadie puede estar obligado a comerciar conmigo o a contratarme, ni menos existe tal cosa como un derecho a que la gente se relacione favorablemente conmigo. Es más, el creer o no lo dicho sobre nosotros es un acto deliberativo y voluntario exclusivo de cada individuo -la pregunta de si éste sopesa objetivamente los argumentos difamatorios es irrelevante, ya que reclamar algún derecho de determinar, interferir o interrumpir ese acto volitivo es una violación de la libertad de conciencia y de la propiedad de cada uno.

Supongamos por un momento que de alguna forma sea un bien privado. ¿Cómo se procede a una “honorabilidad agregada” que será el estándar para luego decir que ésta sufrió un deterioro? ¿cómo se suman las ideas? Siempre habrá gente que pensará lo mejor como lo peor de uno; hay quienes ven a la Madre Teresa como una santa, así como quienes la tildan de “angel del infierno”. Mientras que a los ojos de muchos, las acusaciones que se cree normalmente son deshonrosas –adúltero, cocainómano, homosexual, ateo– no causan disminución alguna en la estima de esa persona, otras acusaciones que se cree que son banales –católico, impresionista, randiano, monetarista– pueden producir mayor desprecio que los primeros. Un estándar que ni siquiera puede formularse por depender de estándares subjetivos no tiene cabida en un sistema legal que dice buscar la justicia.

Eso en cuanto al supuesto bien atacado. En lo que concierne a la acción de A: si la difamación se hace a través de un medio de comunicación, el único que tiene potestad para impedir su publicación o retirarla de circulación es el propietario –o los accionistas- de ese medio. Ningún tercero tiene justificado intervenir ni antes ni después de la publicación, ya que no lesiona ninguna propiedad ajena, como hemos visto. Aún si el periodista lo hiciere a viva voz en el parque, son sus cuerdas vocales, no las tuyas para que las controles. Y no hay nada más contrario a la libertad de expresión que un “derecho a réplica” en los medios escritos, lo cual no significa otra cosa que creerse con la potestad de robar el uso de las maquinarias, los insumos, la fuerza laboral, la distribución y espacio en el periódico (con el costo de oportunidad que conlleva), para expresar posturas contrarias a sus legítimos dueños. Lo que la persona afectada tiene todo el derecho de hacer es conseguir otro medio que le publique su desmentido, dar conferencias de prensa, imprimir panfletos, crearse un blog, etc. – básicamente, tratar de persuadir a quien esté dispuesto a escucharlo.

Por mucho tiempo las leyes contra la difamación o similares han sido utilizadas por los burócratas gubernamentales de todo el mundo para impedir la crítica y castigar con absurdas penas económicas a medios y disidentes; Estados imponen constituciones que sancionan la burla a los tótems sagrados del “sentimiento nacional”; candidatos impiden que información que pudiera ser de interés a los electores salga a luz; movimientos religiosos siguen usando la excusa de la “blasfemia” para reprimir los no creyentes que dejan en ridículo sus creencias; charlatanes y magufos se escudan en amenazas de costosas demandas judiciales cuando los escépticos intentan denunciar sus estafas; y seudo empresarios, en vez de competir en el mercado demostrando la superioridad de sus productos o servicios, buscan privilegios de la mano de la censura estatal para perjudicar a competidores o elevar el costo de entrada de otros nuevos. Todo basado en la idea de que el honor individual o colectivo es algo que puede ser poseído.

La figura penal de la difamación debe ser eliminada y la libre expresión debe ser realmente libre. Lo que cada uno debe hacer si desea conservar una buena estima en los demás es competir por ella, con acciones y argumentos, no atribuirse un falso monopolio de la honra: reconocer que los otros son dueños de sí mismos y por ende depende exclusivamente de ellos aceptar la versión del difamador o la propia. Difamar es aún más ético que la censura pues reconoce que somos libres de creer o no; la arrogancia de los mercenarios de la honorabilidad afirma que todos somos esclavos mentales de todos.